Columna de opinión
Durante la última década en Chile han sucedido una serie de manifestaciones por parte de mujeres ante fenómenos de discriminación y violencia. Se observa en general una gran intensidad desde el año 2017 en adelante y una especial visibilidad en la educación superior, particularmente en 2018.
Estas movilizaciones han incidido en ciertas transformaciones al interior tanto de los planteles como en las políticas públicas relativas a detener la violencia de género en el espacio universitario y de formación técnica.
Particularmente en el 15 de septiembre 2021 entró en vigor la Ley 21.369 que regula el Acoso Sexual, la Violencia y Discriminación de Género en las Instituciones de Educación Superior con la finalidad de promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estas prácticas.
A casi tres años de este hito, el grupo parlamentario de Educación ha elevado una moción para mejorar aspectos de fiscalización y procedimentales. La idea es avanzar en el apoyo a las víctimas ya que las instituciones estarían al debe en esta dimensión y a pesar de la cantidad de situaciones de violencia reportadas, las denuncias formales siguen siendo bajas.
En este escenario, siguen siendo relevantes los hallazgos obtenidos en un estudio cuantitativo realizado en 2018 y publicado en 2023 sobre esta materia. Concretamente se aplicaron 1.536 encuestas en planteles de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco, ciudades con las mayores tasas de matrícula según los datos CNED 2016.
¿Qué pasa con la violencia de género en el espacio universitario chileno?
Nuestros resultados evidencian que al interior de las universidades existen situaciones de acoso, trato diferenciado, reproducción de bromas degradantes hacia la mujer, entre otros. Por ejemplo, al respecto de las bromas que degradan a la mujer, un 59% de encuestados/as reconocen que los estudiantes aceptan y reproducen este tipo de bromas.
Además, la investigación refleja que las estudiantes también sufren violencia por parte de sus compañeros varones en un 46%. Esto no solo ocurre en el espacio universitario propiamente tal, sino mediante redes sociales. Esto a su vez lo diagnosticamos en otro estudio de 2019 que identifica la presencia de lo tecnológico en esta problemática.
Por otro lado, lo que aparece como especialmente preocupante es que esto se replica también respecto de los docentes. Un 35% de encuestados/as está de acuerdo en éstos aceptan y reproducen las bromas, mientras que un 40% de las estudiantes menciona situaciones de violencia por parte de docentes.
Esto se condice con las evidencias encontradas en una investigación realizada al interior de una universidad pública en Santiago de Chile (Lizama-Lefno; Quiñones, 2019). Ellos detectan que existen situaciones de acoso tanto por parte de docentes como funcionarios hacia el estudiantado femenino.
Los hallazgos nos muestran una realidad preocupante que refleja las demandas y reclamos de las mujeres en la educación superior. Pareciera existir una cierta naturalización de la violencia y un ocultamiento, por cuanto los docentes no solo no atajan adecuadamente los incidentes, sino que participan o son responsables de los mismas.
En ese sentido no es de extrañar que los mecanismos de denuncia o acompañamiento sean aún débiles y en ese sentido los datos forman parte de un debate actual, no acabado respecto a este fenómeno. Sin duda es relevante que desde todos los sectores acojamos estas evidencias y movilicemos las transformaciones necesarias para evitar nuevas víctimas.
Para leer el artículo completo:
Peña, J., Boll, V., Riquelme, H. (2023). Percepciones de violencia de género en instituciones de educación superior en Chile. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 31(2). DOI: 10.1590/1806-9584-2023v31n284004. https://www.scielo.br/j/ref/a/5Ff9CRRDRw3vmB8Zp4Vpsgc/
Sobre la autora:
Docente carrera Trabajo Social
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNIACC
