Columna de opinión
A inicios de junio 2024 fue presentado en la Moneda el Proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Anunciado por el presidente Gabriel Boric, el evento contó con la presencia de actores transversales, incluyendo las familias de José Matías de la Fuente, Katherine Yoma y Katherine Winter cuyas experiencias representan el peor efecto esperable de conflictos y violencia en establecimiento escolares: la muerte de la víctima por suicidio. El tema es así de relevante.
Las malas convivencias y situaciones problemáticas influyen negativamente en el bienestar de cada integrante de las comunidades escolares, impactando en el desarrollo de las actividades cotidianas y traumatizando progresivamente no solo a las víctimas, sino a todo el entorno educativo y familiar. Según reportan las mismas escuelas, después del período de medidas sanitarias por la pandemia de Sars-CoV2 la problemática se ha agudizado. Además de un aumento de las denuncias en general, se hacen cada vez más patentes las situaciones de maltrato hacia los adultos en las escuelas. Sin ir más lejos, hace unos días el director del Liceo Lastarria fue rociado con bencina por parte de un estudiante.
Así, el proyecto viene a responder a varias de las demandas y necesidades percibidas y parece avanzar en algunos aspectos cruciales. En primer lugar, apuesta por un lenguaje que suaviza los énfasis punitivos de leyes tales como Aula Segura (Ley 21.128) y de Violencia Escolar (Ley 20.536), poniendo mayor foco en conceptos tales como prevención, bienestar, respeto y protección, entre otros. Asimismo, precisa más detenidamente a las poblaciones y grupos diversos e incluye no solo a estudiantes, sino también a profesores y profesionales dentro de su alcance. Al hablar de comunidad educativa (y no de comunidad escolar) justamente permite ampliar el campo de acción, atribuciones y actores relevantes.
Paralelamente, avanza en una universalización, incorporando a los establecimientos particulares, los cuales también deberán contar con algún tipo de protocolo. Se fortalece el cargo de coordinador/a de convivencia y se transversaliza la temática, proponiendo un abordaje intersectorial que incluye al Ministerio de Educación y Agencia de Calidad de la Educación en su planteamiento y medición. Esto podría ayudar a que las decisiones no dependan discrecionalmente de cada colegio y sus directivos.
Convivencia desde lo relacional
Ahora bien, hay aspectos interesantes a considerar que hemos podido observar gracias a una trayectoria de investigaciones en terreno. En escuelas donde las personas reportan bienestar o aspectos positivos de convivencia escolar, el foco no está puesto tan solo en factores individuales o de educación emocional, sino que incorpora lo relacional y colectivo, moviendo la problemática desde los individuos a una respuesta basada en fortalezas comunitarias.
Así, por ejemplo, aquellos establecimientos que promueven una fuerte identidad y sentido de pertenencia de todos sus miembros reportan un impacto positivo. Esto incluye necesariamente a las comunidades del entorno como las familias, que son convocadas e invitadas a apropiarse y participar también del espacio y los procesos escolares de una forma abierta y flexible. Para que ello ocurra, es relevante ser capaces de disminuir las tensiones entre el ámbito escolar y familiar desde una lógica de confianza mutua. La contraparte debe dejar de percibirse como una amenaza para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se trata de familias de las clases trabajadoras que usualmente son percibidas desde un enfoque de déficit y precariedad cultural. Se trata básicamente de entenderse como instituciones y actores que contribuyen desde sus distintos roles a las labores educativas y de cuidado. Una de las áreas que hemos visto, fortalece estos vínculos, es el arte en sus diversas expresiones. Parece ser que verse convocados alrededor de una actividad creativa y pública, que promueve la sensibilidad y el involucramiento en la gestión cultural por parte de estudiantes, familias, vecinos y otras organizaciones, da bueno resultados.
Por otro lado, son escuelas que aceptan el disenso como un aspecto orgánico de la convivencia, entregando espacios seguros para manifestar opiniones contrarias, inclusive a las decisiones de sus directores. Estos a su vez, en la medida que dialogan con los múltiples estamentos van siendo valorados como sujetos cuyas decisiones por el bien común generan confianza y respeto. Con todo esto, se facilita la libre expresión y atajan los conflictos antes que estos escalen a situaciones realmente violentas o problemáticas.
Por último, en aquellas escuelas donde se nos ha reportado una buena convivencia, los actores relevan la importancia de que las medidas “sean de verdad”. Es decir, que se implementen sostenidamente y todos/as puedan monitorear y beneficiarse de políticas tales como, la escucha activa, puertas abiertas, participación organizada y efectiva, resolución a tiempo y eficaz de conflictos, entre otros. Es central evitar los discursos sin fondo, si no más bien, definir algunos valores centrales que puede ser implementados sostenida y consecuentemente en las políticas y prácticas cotidianas.
En definitiva, las lecciones que nos proveen los mismos establecimientos son fundamentales. Es clave que la política pública y las agendas investigativas sean capaces de observar y trabajar en conjunto con las escuelas, dialogando profundamente para que el día de mañana ningún estudiante o docente tenga miedo de asistir a su lugar de estudio o trabajo, y mucho menos, que le sea tan violento como para que afecte su existencia misma.
Sobre la autora:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNIACC
Antropóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magister y doctora en Ciencias de la Educación (PUC).
Es parte del grupo de Zukonnect Fellows 2023-2024 de la Universidad de Konstanz en Alemania.