Columna de opinión
Por Ricardo Bravo Cornejo
La reciente estafa digital protagonizada por la aplicación Koddpa —que hoy mantiene a cientos de familias chilenas con pérdidas económicas millonarias— no es solo un caso más de fraude informático o una anécdota que ilustra los peligros del dinero fácil. Es, ante todo, una radiografía de las fragilidades institucionales de nuestro país frente a un fenómeno que crece a la par de la transformación digital: la proliferación de esquemas piramidales encubiertos bajo sofisticadas plataformas virtuales. La pregunta que debemos hacernos no es únicamente quiénes son los responsables penales, sino también por qué el Estado, a través de su aparato administrativo, no logró anticipar, regular ni educar frente a este fenómeno.
Una estafa anunciada en un entorno desregulado
Koddpa se presentó como una plataforma de inversión en dólares, accesible desde una aplicación móvil. Su lógica era simple: ingresar dinero, realizar operaciones simuladas de compra y venta de divisas, y recibir intereses. Las primeras ganancias estaban garantizadas —como ocurre en toda pirámide— y la red se expandía por recomendación de conocidos, amigos y familiares, lo que generaba un círculo de confianza difícil de romper. La confianza, por tanto, se volvió el combustible de la estafa.
Sin embargo, el crecimiento de estas plataformas no es casual ni impredecible. Son parte de un ecosistema digital que hoy se encuentra desregulado, sin control suficiente del Estado y sin mecanismos preventivos efectivos por parte de las instituciones públicas. Es aquí donde se instala el núcleo del problema: el fallo preventivo del Estado y la omisión de la administración pública ante nuevas formas de criminalidad digital.
El deber de cuidado del Estado y la prevención como política pública
La administración pública moderna no solo debe actuar reactivamente frente al delito, sino también establecer políticas públicas orientadas a la prevención de daños, especialmente en contextos donde el riesgo es alto y las consecuencias afectan directamente a la ciudadanía más vulnerable. En este caso, muchas víctimas de Koddpa pertenecen a sectores medios, profesionales independientes, jóvenes y adultos mayores, todos ellos expuestos por igual ante la promesa de rentabilidades fáciles en un país golpeado por la incertidumbre económica y la precarización del trabajo.
Es aquí donde se evidencia una grave falla de la función preventiva del Estado, que tiene su raíz en:
- La falta de alfabetización digital y financiera a nivel nacional, que impide a los ciudadanos identificar riesgos asociados a plataformas de inversión.
- La escasa fiscalización proactiva por parte de organismos públicos como la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), el SERNAC o incluso el Ministerio del Interior, cuya labor debería integrar la supervisión de esquemas que circulan masivamente en el ecosistema digital chileno.
- La ausencia de normativas específicas para plataformas tecnológicas de inversión que operan en la informalidad, aprovechando vacíos legales y la lentitud del aparato estatal para intervenir.
La debilidad del control administrativo en la era digital
La administración pública enfrenta un desafío de transformación urgente. Si bien ha avanzado en modernización, aún opera con lógicas burocráticas tradicionales, incapaces de responder con agilidad y anticipación frente a dinámicas criminales digitales. La creación de unidades especializadas en cibercrimen dentro de la PDI o del Ministerio Público es un paso importante, pero insuficiente. No se trata solo de perseguir penalmente a los responsables, sino de crear un ecosistema estatal coordinado, inteligente y preventivo.
Este caso demuestra que no existen protocolos de alerta temprana, ni una institucionalidad pública capacitada para monitorear plataformas emergentes que ofrecen servicios financieros no regulados. La descentralización de competencias, la falta de interoperabilidad entre organismos y la ausencia de una política pública de ciberseguridad económica son síntomas de un Estado que no ha entendido que el delito digital es hoy tan real y dañino como el delito físico.
Propuestas desde la administración pública
Frente a este escenario, es urgente avanzar en un nuevo marco de gobernanza digital, en donde la administración pública asuma con responsabilidad su rol de garante de la seguridad económica de las personas. Algunas medidas concretas incluyen:
- Implementar una Estrategia Nacional de Alfabetización Financiera Digital, coordinada entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Banco Central y la CMF, con un enfoque transversal desde la educación escolar hasta programas comunitarios para adultos mayores.
- Fortalecer la institucionalidad pública en torno al control de plataformas de inversión no reguladas, exigiendo a cualquier aplicación o servicio que opere en Chile su inscripción ante un registro público de plataformas tecnológicas con fines financieros.
- Desarrollar una Unidad de Prevención de Fraudes Digitales en el Ministerio del Interior, con facultades para emitir alertas ciudadanas, coordinar con la PDI y SERNAC, y bloquear preventivamente páginas web o apps sospechosas mientras se investiga su legalidad.
- Establecer un sistema de compensación estatal para víctimas de fraudes digitales, similar a los fondos de garantía para ahorros bancarios, especialmente en casos donde la omisión del Estado o su inacción haya contribuido al daño.
- Diseñar mecanismos de gobernanza participativa, incorporando a organizaciones sociales, asociaciones de consumidores y expertos en ciberseguridad en el monitoreo y evaluación de políticas públicas en esta materia.
Koddpa no solo nos deja el dolor de cientos de personas engañadas, sino también una advertencia urgente para la administración pública: el futuro del delito ya no se esconde en callejones oscuros, sino en interfaces de usuario, en grupos de WhatsApp y en redes sociales. El Estado no puede seguir siendo un actor pasivo o tardío frente a estas nuevas amenazas. La ciudadanía necesita instituciones públicas que no solo castiguen, sino que prevengan, eduquen, informen y protejan proactivamente.
La administración pública debe transformarse, no como una reacción ante el daño, sino como una forma de anticiparlo. Solo así podremos recuperar la confianza en las instituciones, proteger a nuestros ciudadanos y garantizar que el desarrollo digital no sea un espacio para la impunidad.
