Columna de opinión
El vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ha generado la necesidad de replantear los marcos normativos vigentes para enfrentar los desafíos que surgen en el ámbito de la responsabilidad civil. En este contexto, el Parlamento Europeo ha sugerido la creación de una «personalidad electrónica» para los sistemas avanzados de IA.
Esta propuesta, que ha suscitado un amplio debate en la doctrina jurídica, plantea interrogantes sobre la imputación de responsabilidad por los daños que puedan causar estos sistemas autónomos, en particular cuando su capacidad de autoaprendizaje y autonomía complican la atribución de culpa.
El actual régimen de responsabilidad civil se basa en principios que presuponen la intervención humana directa en la causación del daño. Así, la culpa o negligencia del agente causante son elementos fundamentales en la atribución de responsabilidad.
Sin embargo, en el caso de la IA, las decisiones autónomas que pueden tomar estos sistemas desafían la aplicación de estos principios tradicionales. La cuestión que se plantea es quién debe asumir la responsabilidad cuando un sistema de IA causa un daño: ¿el fabricante del software, el usuario del sistema, o el propio ente digital?
La idea de dotar a los sistemas de inteligencia artificial (IA) con personalidad jurídica parte de la necesidad de adaptarse a los desafíos que plantea la autonomía de estas tecnologías. Inspirada en la figura de las personas jurídicas, como las sociedades, esta propuesta busca reconocer a los sistemas autónomos avanzados (por ejemplo, robots y vehículos sin conductor) como sujetos de derecho.
Con este estatus, dichos sistemas no solo podrían ser considerados responsables de los daños que causen, sino también asumir otras obligaciones legales, como la contratación de seguros o la creación de fondos de compensación para víctimas.
El fundamento de esta iniciativa radica en las dificultades que enfrentan los esquemas tradicionales de responsabilidad civil, que se basan principalmente en la culpa o negligencia humana. Estos esquemas resultan insuficientes cuando los sistemas de IA actúan de manera independiente y sin supervisión directa.
La solución del Parlamento Europeo, al proponer la creación de una personalidad jurídica para la IA, busca superar esta limitación, permitiendo imputar directamente la responsabilidad a los propios sistemas autónomos. Así, estos sistemas operarían bajo una lógica similar a la de las personas jurídicas, garantizando una mejor distribución de responsabilidades y asegurando la reparación de daños a través de mecanismos adecuados como seguros o fondos específicos.
Sin embargo, la propuesta de otorgar personalidad electrónica a los sistemas de inteligencia artificial (IA) ha generado varias críticas y preguntas fundamentales. En primer lugar, se cuestiona si es apropiado equiparar una IA, que no es un ente humano, con una persona jurídica.
Inteligencia artificial y personalidad electrónica
Otro aspecto crucial es determinar el grado de autonomía que justificaría dicho reconocimiento, ya que no todos los sistemas de IA actúan de manera totalmente independiente. Muchos todavía requieren supervisión humana o dependen de la programación inicial que condiciona su funcionamiento. Por tanto, atribuir personalidad electrónica a estas IA podría ser considerado exagerado en aquellos casos donde su comportamiento está significativamente influenciado por decisiones humanas.
Además, algunos expertos advierten que crear una personalidad electrónica para las IA podría desviar la atención de los verdaderos responsables, es decir, los desarrolladores y fabricantes. Argumentan que otorgar personalidad jurídica a los sistemas de IA podría servir como una estrategia para eludir responsabilidades legales, permitiendo que las empresas aleguen que el sistema actuó de forma autónoma y, por lo tanto, no pueden ser considerados responsables de los daños que pudieran causar.
La propuesta de otorgar personalidad electrónica a los sistemas de inteligencia artificial no solo es audaz, sino que marca un intento de revolucionar los marcos legales frente a los desafíos de la tecnología emergente. Sin embargo, su implementación conlleva una serie de interrogantes cruciales:
¿Cómo afectará esto a la responsabilidad civil? ¿Qué protección tendrán las víctimas de los daños ocasionados por sistemas autónomos? Aunque el Parlamento Europeo ha dado un primer paso al considerar esta posibilidad, el debate sobre los alcances y limitaciones de la personalidad electrónica está en pleno desarrollo y promete abrir nuevas y fascinantes discusiones jurídicas.
